Las políticas públicas se alinean internacionalmente y ponen en el punto de mira a las GAFA. Janet Yellen traza un nuevo rumbo desde USA.
Los acontecimientos alrededor de las grandes tecnológicas (Google, Amazon, Facebook, Apple: GAFA) empiezan a acelerarse y reflejan la necesidad de contextualizarlos, en la medida que abren un escenario desconocido para las grandes compañías tecnológicas y su inclusión dentro de las políticas públicas.
Hace muy poco, asistíamos en Australia a la disputa entre Google y Facebook al hilo de la tramitación de una ley para que los gigantes tecnológicos pagasen por el uso de los contenidos a los medios de comunicación (compensando la pérdida de ingresos que sufren en favor de estas compañías).
‘Google go home’
Una controversia muy relevante, dada la propia implicación del Primer Ministro de este país, los tambores de expulsión y amago de salida del país del propio Google (una especie de ‘Google go home’). Por su eco internacional, ésta fue la primera gran batalla en una confrontación que se aventura en su fase más iniciática entre las grandes compañías tecnológicas y las autoridades y gobiernos de todo el mundo. Una controversia que finalmente se resolvió con la negociación, las enmiendas a la ley, el anuncio de Facebook de aumentar los pagos a los medios de comunicación y la voluntad de Google para aumentar su retribución a los medios a través de su nueva plataforma de suscripción.
Por otra parte, en la noche del ultimo viernes de febrero, conocíamos como la nueva administración norteamericana emitía una señal clave a través de su Secretaria del Tesoro. Janet Yellen anunciaba que USA renunciaba a ser refugio tributario de estas compañías, abriendo el camino para armonizar a nivel internacional la fiscalidad de las grandes tecnológicas.
No es casualidad, por tanto, que estas grandes tecnológicas se hayan colocado en el punto de vista internacional de los reguladores simultáneamente, a este lado (la Unión Europea) y al otro del Atlántico (Estados Unidos), incluso en las Antípodas (Australia), así como por una conjunción de asuntos que son complejos en sí, tanto en su diagnóstico y como en su resolución.
También hay que contemplar todas las iniciativas en curso alrededor los mercados tecnológicos como son las investigaciones llevadas a cabo por los dos partidos demócrata y republicano en el Congreso de los Estados Unidos. También se añaden las demandas judiciales estatales y federales abiertas, la autorización por parte de las autoridades laborales americanas de la creación de un sindicato en Amazon (en un país donde la sindicación ha caído en picado en los últimos años), la elaboración de las Directivas de Mercados y Servicios Digitales en la Unión Europea o el trámite de esta Ley en Australia. Todo apunta a que esta alineación de causas abiertas anticipa nuevos acontecimientos.
Y tampoco es una casualidad que, en los últimos meses, la red profesional LinkedIn haya estado plagada de ofertas de empleo para posiciones de relaciones institucionales, asuntos públicos (‘head of public policy’) con destino a las filiales de la denominadas GAFA (en especial, hacia Google, Amazon y Facebook destacados en Europa, España y en los países del sur).
Tres bloques de asuntos y cuatro consideraciones
Podemos agrupar estos asuntos en tres grandes bloques: el primero, el relativo a la existencia de comportamientos monopolísticos incontrolados en mercados como el de la publicidad on line que está siendo objeto de estudio por las autoridades de competencia mediante las demandas judiciales presentadas a nivel federal y estatales en los Estados Unidos. Una cuestión que se desdobla tanto en lo que se refiere a los comportamientos orientados a acrecentar ese poder de mercado como a las consecuencias en sectores económicos como el de medios de comunicación.
El segundo bloque de asuntos se refiere a la fiscalidad aplicable a estas compañías, incluyendo la creación de tasas digitales, nuevas figuras fiscales en estudio para su armonización a nivel internacional en el seno de la OCDE y de la Unión Europea, con el problema adicional de la capacidad de elusión por la radicación de las actividades de estas empresas (cuestión que se despeja con el anuncio de Yellen).
El tercero, quizá el más llamativo de todos por haberse detonado a raíz de la actividad del ex presidente Donald Trump en las redes sociales y el bloqueo de la red social Twitter a raíz del asalto al Capitolio, se refiere a la libertad de expresión y la ambigua consideración de estas plataformas, bien como operadores de telecomunicaciones (carriers) o como medios de comunicación, lo que llevaría implícito la responsabilidad o no de la moderación de los contenidos.
En todo caso, hay que tener en cuenta varias consideraciones respecto de este tridente. La primera, es que es una cuestión “larvada” que está emergiendo de forma súbita: la consolidación como grandes monopolios ha sido un proceso en el que las autoridades públicas han ido claramente por detrás de la realidad empresarial, con una toma de consciencia muy reciente de la envergadura de estos operadores.
La segunda, es que el momento parece que ha llegado, la ofensiva va en serio y el alineamiento es posible entre las posiciones norteamericanas, europeas y del resto de países occidentales con severas políticas de competencia, necesidad de ingresos tributarios y decididas a estrechas los huecos fiscales a nivel internacional.
La tercera, es que, a pesar de todo ello, los gobiernos van a tener muy difícil su regulación por la escasa percepción de los usuarios de estas plataformas respecto de las transacciones económicas asociadas a su uso, las contemplaciones tekkies respecto a la competencia en estas actividades, su naturaleza empresarial y las facilidades que “reciben a cambio” de la información de sus transacciones y comportamientos. Y, evidentemente, la cuarta, serán las propias reacciones de estas compañías en el terreno judicial, operativo e institucional.
Por tanto, será necesario estar muy atentos a una guerra episódica en la que, con mayor precisión y nitidez, se están colocando las piezas en un escenario muy abierto en el que se jugará con gran crudeza sobre posiciones en materia de regulación y políticas públicas, la inevitable batalla jurídica, la de la comunicación (que seguramente recaerá en la mediática y en las redes) y la de los asuntos públicos. Empieza la función.